La corrupción del PP valenciano ha llevado a miles de escolares a tener que estudiar en barracones
La Operación Taula, la macrorredada contra la corrupción del PP en Valencia iniciada esta semana, ha obligado a miles de escolares a recibir clases en barracones tras el saqueo de más de mil millones de euros que deberían haberse empleado en la construcción de colegios e institutos y que acabaron en manos de la trama corrupta dirigida, al parecer, por el dirigente popular Alfonso Rus.
Se trata del expolio de dinero público registrado durante años en la construcción de unos 200 colegios e institutos en la Comunidad Valenciana. Una auténtica estafa institucional que ha sido cifrada en más de mil millones de euros en sobrecostes pagados por Ciegsa, la empresa pública creada en el año 2000 para la construcción de colegios públicos.
La Guardia Civil irrumpió el martes en la sede de esta empresa y se hizo con todos los correos electrónicos, tanto corporativos como particulares, de Máximo Caturla, quien fue gerente entre 2004 y 2007 y uno de los detenido en la redada del martes.
La denuncia que Esquerra Unida llevó al fiscal y que dio origen al caso Imelsa, germen de la trama de corrupción investigada, contenía grabaciones a Caturla durante su etapa en Ciegsa en las que se hablaba de su presunta participación en las mordidas.
La Conselleria de Educación dio a conocer recientemente un informe elaborado por la Intervención de la Generalitat que sería la prueba de este saqueo. En cifras, la Intervención concluye que Ciegsa pagó el metro cuadrado de los colegios como si fuesen viviendas: a 912 euros frente a los 670 euros que debían haber costado. Y de ahí los mil millones en sobrecostes.
Un derroche de dinero que, en palabras de los nuevos dirigentes el gobierno valenciano, ha mermado gravemente la posibilidad de construir más colegios y acabar con los eternos barracones que durante años han estado en el foco de las críticas de la comunidad educativa.
La Generalitat ha gastado 92 millones de euros en aulas prefabricadas desde 2001. En estos barracones, que deberían haber sido provisionales, se han eternizado durante años y miles de escolares de la Comunidad Valenciana se ven obligados a estudiar a la espera de unos colegios que nunca llegan.
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