Los días de sol, el verde del paseo de San Pedro de Llanes revienta contra el azul del Cantábrico. La barcaza de Salvamento Marítimo irrumpe en la escena y rompe la estampa: han rescatado el cuerpo de una mujer. Ese dichoso día de diciembre de 2014 todo termina para la familia de un escritor. Unos días antes recibió una notificación de la Seguridad Social. La administración le comunicaba la multa de más de 70.000 euros por haber defraudado al Estado. Había cometido la falta de seguir escribiendo a pesar de cobrar la pensión, que ahora tenía la obligación de devolver. Casi ochenta años y el error de seguir en activo. Casi ochenta años hechos añicos.
Seis meses más tarde de la muerte de su mujer, reacciona ante lo que cree es “una canallada” y escribe una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez: “Por medio del presente escrito y sus anexos, quiero poner en su conocimiento un abuso del que he sido objeto, un atropello que una disposición injusta y su interpretación literal por parte de su mesnada de funcionarios ha originado en mi entorno íntimo y que ha tenido como consecuencia el fallecimiento de mi esposa de forma dolorosa y traumática, el drama de mis tres hijos, que han pasado de ser familias felices a ser tratados por psicólogos y psiquiatras, y mi destrucción absoluta como individuo y escritor”. Evita decir “suicidio”.
Este es el arranque de las casi cincuenta páginas que envió el pasado junio a la ministra y que hacen hincapié en la ‘injusticia’ de su caso, uno más entre cientos de creadores mayores de 65 años, pensionistas. La reforma planteada por el PSOE y ejecutada por el PP hace dos años obliga a los creadores a elegir entre el rendimiento derivado de la actividad creativa o sus pensiones.
El autor de la carta y víctima de la aplicación de esta norma prefiere que su nombre quede al margen. “Quiero que se sepa lo que ocurre, pero no quiero publicidad”. Es un jubilado que se dedica a escribir, como ha hecho durante sesenta años, “sin éxito pero con satisfacción”. Ha publicado cerca de veinte libros y era habitual de las columnas de los periódicos de su provincia. “Lo que más quiero, escribir, fue mi perdición. Y estos canallas nos robaron nuestra felicidad”, dice. El rey y Rajoy también recibirán noticias suyas en los próximos días. Porque en todo este tiempo no ha recibido ayuda ni del defensor del pueblo ni del fiscal. Ha llevado su causa hasta Estrasburgo.
“Ha sido el Gobierno del que usted forma parte, una vez más fuerte con el débil y débil con el fuerte, el que ha arruinado mi vida. De todo lo que que me ha ocurrido y de sus dolorosas secuelas le hago responsable a usted, doña Fátima, y al ministro de Cultura, al ínclito señor Wert, por no haberse opuesto al feroz ataque que perpetró el Gobierno que preside el señor Rajoy para arrebatarle las pensiones a un grupo de ancianos escritores. Ustedes dos son los verdugos”, sigue la carta.
Ha seguido escribiendo, y aquella vez superó por mil euros el límite de 9.000 euros de ingresos que dice la ley. “Toda la maquinaria del Estado cayó sobre mí y destruyeron a mi familia”. Pero se defendió y recurrió y lo ganó. Demostró gastos desgravables en su actividad, que no había declarado y que sumaban los mil euros de sobrepeso. La multa volvió a la casilla de salida, a la cuenta del escritor. El Estado le devolvió todo, pero habían ocurrido demasiadas cosas como para poder olvidarlo todo. Su lucha es contra la ley y recurre a la Administración por daños morales .
“Ya que he sido inspeccionado, maltratado, sancionado, privado de mis derechos, humillado por funcionarios despóticos y finalmente amnistiado por la inspección de trabajo y por la Tesorería de la Seguridad Social, ya que me he tenido que enfrentar a la maquinaria del Estado que me lapidó inmisericorde y me privó de los medios de subsistencia más elementales, permítame, ya que he sido zarandeado por mis actividades como escritor, que le exponga mi drama de forma literaria”, continua.
