La nueva legislatura ha hecho que se reavive el debate de los ingresos de los parlamentarios por su actividad. Un debate que en esta ocasión viene acompañado del altavoz que supone que Podemos, una de las formaciones más votadas el 20-D, haya anunciado que sus diputados electos renunciarán a una parte importante de las indemnizaciones y ayudas que les corresponderían conforme al Reglamento de la Cámara.
El último Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, su órgano de dirección política, estableció que “todos los diputados de la formación deberán renunciar a privilegios como las pensiones a exparlamentarios, la tarjeta de 3.000 euros para taxis o el pago de internet en el domicilio a quienes se desplazan, así como limitar tanto sus salarios como las indemnizaciones recibidas por alojamiento y manutención”. Además, reducirán “al mínimo posible” las prestaciones incluidas en la póliza de seguro de accidentes que aceptarán.
Todo lo anterior es la teoría. En la práctica, estas renuncias no siempre son posibles ni los procedimientos son sencillos. Y no siempre el dinero que se detrae de los parlamentarios vuelve a las arcas públicas. A continuación, se repasan los ‘privilegios’, recurriendo al término empleado por Podemos, a los que sus parlamentarios se han comprometido a renunciar y cómo encaja esto con la dinámica de la Cámara.
¿Qué pasa, si como en el caso de Podemos, los parlamentarios renuncian a parte de su sueldo mensual en las Cámaras? La ‘asignación constitucional’, es así como se conoce al salario de sus señorías, se traslada de forma íntegra a sus cuentas bancarias. Con fecha de 18 de diciembre de 2015, la asignación constitucional, idéntica para todos diputados, era de 2.813,87 euros
En el caso de la formación de Pablo Iglesias, el compromiso es que los parlamentarios tengan limitada esta cantidad a tres salarios mínimos, es decir a 1.965,6 euros. ¿Y el resto hasta llegar a 2.813,87? El perceptor puede darle el destino que considere: apoyo a las finanzas del partido, donaciones, ayuda a ONG…
Esos 1.965,6 euros que se embolsarían mensualmente los diputados de Podemos les llegaría, como la asignación constitucional, en 14 pagas. Así, los cargos de esta formación con escaño ingresarían 27.518,4 euros al año frente a los 39.394,18 que ingresan los diputados a los que sus formaciones no les exigen ningún tipo de renuncia.
Podemos importaría el mismo modelo que ha aplicado para los eurodiputados, en el que parte de los ingresos que se restan a las asignaciones de sus cargos públicos va a parar al partido y otra parte al programa Impulsa, con el que la formación de Iglesias subvenciona proyectos sociales.
En la práctica, sí se puede renunciar de forma íntegra a la asignación constitucional. Así lo recuerdan desde ambas Cámaras. Es lo que ocurre cuando un diputado o senador es alcalde a la vez o cuando un senador es también parlamentario autonómico. En estos casos, la ley prohíbe la acumulación de más de un sueldo público y obliga al perceptor a escoger entre uno de los dos. Por lo general, sus señorías suelen optar por aquel que mayores ingresos le proporciona.
A lo que no hay forma de renunciar, aunque se acumule más de un cargo público, es a las dietas, a las ‘indemnizaciones’ si recurrimos al lenguaje parlamentario. “Con este concepto, que tiene una cuantía mensual de 1.823,86 para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 870,56 euros para los electos por Madrid, los parlamentarios deben afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara. Es una cantidad dedicada, pues, a cubrir gastos y por ello exenta de tributación”, se lee en el Reglamento del Congreso de los Diputados.
La obligación de la limitación salarial impuesta por Podemos a sus diputados se complementa “con la obligación de limitar también el importe recibido en calidad de indemnización por gastos, que se fija en un máximo de 850 euros para alojamientos para los parlamentarios que residan fuera de Madrid y manutención para las jornadas con actividad parlamentaria”.
Es decir, que la formación de Iglesias tendrá que buscar destino a casi 1.000 euros mensuales (14 pagas) de las indemnizaciones a sus parlamentarios elegidos por una circunscripción distinta a Madrid. Es decir, 61 de los 69 diputados.
Un asunto que siempre levanta cierta polémica toda la legislatura tiene que ver con los diputados que, pese a haber sido elegidos por una provincia que no es Madrid disponen de casa en Madrid y, no obstante, cobran la cantidad más alta de las indemnizaciones.
Como ocurre en al caso de la asignación constitucional, y salvo cambios en los planteamientos de Podemos, esta renuncia no supone reducción del gasto público.
Desde mayo de 2006, las Cámaras facilitan a cada parlamentario que no dispone de vehículo oficial una tarjeta personalizada que permite abonar el servicio de taxi en la ciudad de Madrid, con un límite anual de 3.000 euros. ¿Puede renunciarse a esta ayuda? Sí. Los parlamentarios pueden no recoger la tarjeta o recogerla pero no hacer un solo cargo. La renuncia a hacer este gasto por parte de los 69 diputados de Podemos supondrá un ahorro de 828.000 euros en la legislatura.
Las Cámaras disponen de otra ayuda para los parlamentarios que se desplacen a Congreso y Senado en su propio vehículo. “Previa justificación, se abona 0,25 euros por kilómetro así como, en su caso, los importes de los peajes de los autopistas”.
Los diputados que son de fuera de Madrid tienen derecho a que se les instale una línea de ADSL en el domicilio en el que residan en la capital los días de pleno. A este concepto, que también repercute en el gasto público, también se han comprometido a renunciar los parlamentarios de Podemos. No obstante, sí aceptan el teléfono móvil y la tableta electrónica que integra el denominado ‘kit del diputado’, puesto que van dotados de aplicaciones para el desempeño de las tareas parlamentarias.
Desde diciembre de 2011, las Cámaras renunciaron a hacer aportaciones a los planes de pensiones privados de sus señorías, por lo que desde ese momento es imposible renunciar a algo que no existe. Por el contrario, sí es posible que los parlamentarios renuncien a las dos modalidades de indemnización que existen para los exparlamentarios: la indemnización de transición, que cobran cuando se produce la disolución de la Cámara, y la indemnización por cese, para quienes dejan el escaño con independencia del motivo. En ambos casos, para no percibir dicho ingreso basta con que no la soliciten, tal y como recuerdan desde Congreso y Senado.
La indemnización de transición por disolución equivale a casi dos meses de sueldo y es incompatible con cualquier otro ingreso, sea público o privado. En esta legislatura, en el caso del Congreso, 222 diputados, el 90% de los 247 que se quedaron sin escaño tras la disolución de las Cortes, solicitaron esta ayuda.
En cuanto a la indemnización por cese, tiene un importe equivalente a la asignación constitucional de los diputados. Por cada año de diputado se genera el derecho a cobrar una mensualidad, con un tope de dos años.
Los diputados de Podemos también renunciarán a estos dos posibles ingresos si se tiene en cuenta el compromiso de no recibir “pensiones y otras prestaciones económicas para exparlamentarios”.
