El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de Aragón por vulnerar el derecho a la educación de un joven con autismo, que fue expulsado de un instituto de Huesca tras negarse sus padres a administrarle medicamentos por los problemas que tenía.
La sentencia, que ratifica un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), señala que su escolarización, iniciada en 2007, dio buenos resultados hasta 2011, cuando se agravaron los "episodios agresivos", entre otras razones por el cambio de las pautas educativas y, sobre todo, de la tutora y otros educadores que dirigían el programa.
La dirección del centro, el instituto Pirámide, exigió a los padres del estudiante una "garantía psiquiátrica", que implicaba someterlo a un tratamiento con medicamentos antipsicóticos, que incluso algunos técnicos de la propia Administración consideraban contraindicados.
Los padres se negaron y el joven fue expulsado del instituto en enero de 2011. Acudieron a los tribunales, el TSJA les dio la razón y ahora el Supremo confirma esa decisión, al rechazar el recurso que interpuso el Gobierno aragonés.
El Supremo considera que la Administración estaba obligada a ofrecer una alternativa educativa al alumno, y cuestiona que se haya supeditado la escolarización del joven "a una decisión paterna no contemplada en protocolo alguno", en referencia a la medicación planteada, cuya eficacia no estaba comprobada.
La sentencia, que no establece la reintegración del alumno en el programa educativo del que fue excluido porque ya tiene 23 años, servirá como jurisprudencia para otros dictámenes en esta materia.