El Tribunal Supremo sentencia al hotel El Algarrobico a su derrumbe
El Tribunal Supremo ha dejado al hotel del paraje de El Algarrobico, uno de los símbolos de la destrucción del litoral, al borde de su desaparición. Los magistrados han fallado sobre dos asuntos clave de la maraña de recursos judiciales que envuelven a este hotel construido en el Cabo de Gata (Almería), cuyas obras están paralizadas desde hace diez años.
Por un lado, el Supremo ha establecido que los suelos en los que se levantó no son urbanizables. Por otro, fija que los terrenos en los que está el edificio son propiedad de la Junta de Andalucía, que tras la polémica levantada hace una década ejerció el derecho de retracto.
El hotel, que comenzó a edificarse en 2003, se hizo dentro del parque natural de Cabo de Gata. Pero en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los jueces discrepan sobre si los suelos en los que está son urbanizables o no. Una sección de la sala de lo contencioso de Granada sentenció en 2012 que en ese terreno no se podía construir. Pero, dos años después, otra sección de la misma sala del TSJA falló lo contrario, que los suelos eran urbanizables. El Supremo ha zanjado este asunto al señalar que esos terrenos están en “área ambientalmente protegida y no en un área urbanizable”.
Estas sentencias difundidas este jueves se unen a una cadena de fallos contrarios al hotel. En estos momentos, según esos pronunciamientos judiciales, el edificio está en una zona donde no se podía construir e invade la zona de dominio público, como estableció también el Supremo en 2012. Además, los terrenos sobre los que se levanta son ahora de la Junta. No así el hotel, que seguiría siendo de la promotora.
José Ignacio Domínguez, abogado de las organizaciones ecologistas que batallan desde hace años contra esta construcción, ha indicado que, tras los últimos fallos, “el hotel está condenado”. La duda, reconoce, es el momento en el que se podrá derribar, un asunto en el que no entra el Supremo. Ninguna Administración o asociación ha pedido hasta ahora su demolición debido, principalmente, a la maraña de recursos que envuelven este caso.
El Supremo ha dejado claro que no entra en “la responsabilidad patrimonial” que puedan tener las Administraciones implicadas. La promotora del hotel, Azata, reclama 70 millones de euros al Ayuntamiento de Carboneras, a la Junta y al Gobierno central.
Una de las principales bazas con las que cuenta la promotora ahora en su reclamación es la licencia de obras. Esta fue anulada en primera instancia, pero la misma sección del TSJA que hoy ha sido corregida por el Supremo en el asunto de los suelos, falló en 2014 que la licencia que se le concedió es legal. Esa sentencia es firme, con lo que no cabe la posibilidad de ser anulada como ha ocurrido con el asunto de los terrenos.
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