ALETEIA - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

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Para: António

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EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

18 de febrero de 2016

El (insoportable) coste de la ‘ciudad dispersa’

Ha estado muy instalada, en la mentalidad de las clases medias de los países de nuestro entorno, la idea de mejora de nuestras condiciones de vida mudándonos a una casa en contacto con el terreno, con nuestra propia piscina, rodeados de buenos vecinos, de una situación socioeconómica similar o superior a la nuestra, que garantizaba que nuestros hijos crecerían sin malas compañías y con posibilidades de buenas relaciones futuras. Todo ello en urbanizaciones con buenos servicios, seguras y, sobre todo, bien comunicadas por medio de rápidas autovías para nuestros potentes automóviles.

Este nuevo modelo, que luego fue conocido como ‘ciudad dispersa’, venía avalado por muchas bienintencionadas propuestas o por utopías higienistas. Pero todos esos modelos fueron adoptados, convenientemente transformados y podríamos decir que prostituidos, con fines meramente especulativos. Crecieron como hongos repetitivas y monotemáticas urbanizaciones, desparramadas por todo el territorio, como manchas de aceite.

Muchos años después, tal vez ya demasiado tarde, nos dimos cuenta de que este modelo disperso de ciudad no solo no aumentaba la felicidad, sino que generaba inmensos problemas individuales y colectivos. Pero, sobre todo, este nuevo modelo que había sido caro de construir, que había dilapidado cantidades ingentes de territorio, que había sido depredador de todo tipo de recursos, que tampoco había conseguido aportar bienestar, era, sobre todo, por encima de todo, un modelo de ciudad caro, muy caro de mantener.

Diferentes estudios realizados en diversos países estiman que el coste de construcción de la ciudad dispersa duplica el coste de la ciudad compacta, pero el coste de mantenimiento de los servicios llega a triplicarse. No es posible mantener a costes razonables ni los servicios sanitarios, ni los educativos, ni los de dependencia, pero tampoco los de seguridad, policía, bomberos, etc… lo que lleva a considerar el modelo como totalmente insostenible.

Las viviendas situadas en la ‘ciudad dispersa’ dependen del vehículo privado, precisando casi un automóvil por habitante mayor de edad, generando unos grandísimos costes para cualquier tipo de desplazamiento. Estas urbanizaciones generan mucha ‘movilidad no deseada’. Para una empresa privada de transporte no es rentable dar servicio a las referidas urbanizaciones, por su baja densidad y para las Administraciones Públicas es ruinoso atender las necesidades de desplazamiento de sus moradores, además de probablemente injusto dar prioridad a estos servicios antes que otros más necesarios en zonas más deprimidas.

Lo mismo que sucede con el transporte ocurre con el resto de servicios e infraestructuras urbanos: el agua, el alcantarillado, la electricidad, las redes para las nuevas tecnologías, etc… No son solo muy caras de implantar, son muy caras de mantener en la ‘ciudad dispersa’. Por supuesto, los servicios de salud, educación, dependencia no pueden ser ubicados en estas urbanizaciones por su baja densidad.

Tampoco existen condiciones adecuadas para la implantación del pequeño comercio de cercanía, y si alguien osa abrir alguno de estos negocios tiene su ruina asegurada en un breve espacio de tiempo. Por lo tanto, los habitantes de estas pequeñas ciudades deben buscar la mayoría de los bienes y servicios que precisan para la vida cotidiana desplazándose en sus vehículos privados.

La ciudad dispersa genera muchos y muy distintos tipos de problemas, pero además es cara de construir y carísima de mantener. Es cara de mantener para la sociedad en su conjunto, ya que los ayuntamientos deben aportar y mantener unos determinados servicios con elevado coste por habitante. Es cara de mantener para sus usuarios, que deben destinar porcentajes elevados de sus recursos para desplazarse a adquirir bienes o disfrutar servicios que en la ciudad compacta son mucho más baratos e incluso alguno de ellos, gratuito.

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EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

18 de febrero de 2016

Las capillas católicas siguen presentes en universidades, cuarteles y hospitales públicos

Momento de la ocupación de la capilla de la Complutense

Este jueves, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, va a juicio acusada de participar en una protesta de la capilla católica de la Universidad Complutense del campus de Somosaguas en 2011 junto a un grupo de estudiantes. El fiscal le acusa de un delito de odio religioso y pide para ella un año de prisión e inhabilitación para presentarse a unas elecciones.

El caso pone de manifiesto la inusual presencia de la Iglesia católica en el ámbito público y, especialmente, la existencia de capellanías sufragadas con el dinero público en la universidad. Así que con el presupuesto universitario se sufraga luz, agua, mantenimiento, limpieza, además de la cesión del local. Del capellán, en los campus que tienen, se encarga la Iglesia.

En España existen al menos 33 capillas católicas en centros universitarios públicos. La gran mayoría, una veintena, se encuentra en Madrid. Ocho en la Complutense y la Politécnica, cuatro en la Autónoma y otra en la Rey Juan Carlos. Pero también hay tres en Sevilla y al menos una en Barcelona. La Laguna, Zaragoza, Alcalá, Alicante, Córdoba, Salamanca, Santiago, Oviedo, Huelva o Pamplona completan la lista.

En este caso, y a diferencia de lo que sucede en hospitales, las cárceles o el ejército, el Concordato de 1979 no obliga a las autoridades educativas a ofrecer ni a sufragar estos servicios, y solo indica que la presencia católica en las universidades “se hará de mutuo acuerdo con las diócesis”.

En los últimos tiempos, como también sucede en los hospitales, las universidades públicas están comenzando a habilitar salas multiconfesionales, espacios diáfanos y sin ninguna simbología religiosa para que cualquier persona sea cual sea su confesión, pueda encontrar un lugar en el que rezar.

En cuanto a los hospitales, la práctica totalidad de los centros públicos cuenta con capillas católicas aunque algunos, especialmente los nuevos, están creando “salas de culto” que pertenecen a la institución hospitalaria y no a un credo determinado. La presencia de capillas católicas también es una constante en tanatorios, centros penitenciarios y, por supuesto, en el ejército, donde existe una capellanía cuyo máximo responsable, el arzobispo castrense, tiene rango de general de división.

Los servicios religiosos en el Ejército los sufragan los presupuestos generales del Estado. En las cárceles y los hospitales, depende del acuerdo entre la diócesis y la administración autonómica, aunque la práctica habitual es que si el sacerdote trabaja como tal en alguna parroquia, reciba un complemento por su trabajo. Si no está adscrito a ninguna otra función, el sueldo forma parte del presupuesto de la prisión o el centro hospitalario correspondiente.

Según datos de 2014, en España existían 415 capellanes dedicados a tiempo parcial o completo en hospitales. En los centros penitenciarios trabajaban un total de 146 capellanes, la mayoría católicos, aunque también existen evangélicos, judíos y musulmanes. Su coste superaba los 300.000 euros para el Estado. En cuanto al Ejército, la información aportada por el gobierno hablaba de 74 capellanes castrenses, 2 vicarios episcopales y un arzobispo castrense. El coste de este servicio fue el año pasado de más de 470.000 euros.

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EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

8 de febrero de 2016

El alcalde que arreaba botellazos a quien le reprochaba que fumase en el bar del pueblo

El alcalde del pequeño pueblo zaragozano de Aguilón ha sido condenado a dos años de cárcel por golpear con una botella en un bar de la localidad a un vecino que le había reprochado que estuviera fumando en el local, violando la normativa antitabaco. El alcalde, del PP, dice que fue una “encerrona” y que “lo que les ocurre a estos señores es que lo que no pueden ganar en las urnas lo quieren ganar de cualquier forma”.

El condenado, Andrés Herrando Oliván, de 65 años y que lleva más de 20 años en la Alcaldía de este pueblo de unos 250 habitantes, lanzó una botella de cerveza contra José Luis O.R. y le provocó una herida en la cabeza, que precisó tratamiento quirúrgico y sutura y de la que sanó sin secuelas tras dieciséis días de tratamiento.

Los hechos ocurrieron la tarde del 20 de octubre de 2013, cuando Herrando estaba sentado en una mesa, bebiendo un botellín de cerveza y fumando. Al observar que fumaba, la víctima “se lo reprochó y le indicó que iba a llamar a la Guardia Civil, saliendo a la calle para hacer una llamada”, explica el texto de la sentencia. Cuando volvió, el alcalde “se levantó y, con inequívoco ánimo de menoscabar la integridad corporal” de la víctima, le lanzó la botella, “que impactó en su cabeza”, se lee en el texto.

El alcalde ha afirmado que tiene intención de recurrir la sentencia, y ha asegurado que le prepararon una “encerrona”. Según dice, el problema viene de “muy antiguo”, y asegura que “lo que les ocurre a estos señores es que lo que no pueden ganar en las urnas lo quieren ganar de cualquier forma”.

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EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

18 de febrero de 2016

“Tuve que abortar sola en el cuarto de baño del hospital”

“Tuve que abortar sola en el cuarto de baño de una habitación del hospital público de A Coruña hace dos años. Estaba de cinco meses, tras someterme a un tratamiento de fertilidad, y mi bebé tenía malformaciones”. María (nombre ficticio de una coruñesa de 40 años), recuerda el calvario que pasó para expulsar, sin asistencia sanitaria y sin epidural, el feto que tanto trabajo le había costado concebir. La dirección del centro afirma que “cumplimos el procedimiento normal”.

Dos años después, la plataforma por el derecho al aborto convoca una concentración para este jueves en el hospital coruñés para denunciar el mismo trato, “que incumple todos los protocolos internacionales”, a las mujeres que acuden a someterse a una interrupción del embarazo a partir de las 14 semanas de gestación.

María ingresó en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña un lunes sobre las 10 de la mañana, y la enfermera de planta y una auxiliar le dieron los comprimidos para a inducción del parto con las explicaciones pertinentes. “Hasta después de las 11 de la noche, una vez que conseguí expulsar el feto, no me visitó la ginecóloga”, asegura. Abortó sola en el váter, tras introducirse ella misma en la vagina, cada dos horas, los comprimidos.

La situación no ha cambiado. Las embarazadas de más de 14 semanas de gestación que acuden a abortar al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña en los supuestos recogidos en la ley, siguen pasando por lo mismo que ella, según denuncia la Plataforma gallega en defensa del aborto. Tanto este colectivo como el Centro de Planificación Familiar de A Coruña aseguran que el hospital aboca a las mujeres a abortar solas en su cama o en el váter de la habitación y sin anestesia.

El caso de María desmiente la versión de los responsables del hospital. La ginecóloga la atendió por primera una vez cuando consiguió, por fin, expulsar al feto. La enfermera y la auxiliar acudieron entonces a limpiarla “y se fueron las tres”. Cuando salió del hospital intentó denunciar lo ocurrido, aunque, tal y como explica, le faltaron fuerzas: acabó asistiendo a terapia psicológica en el centro municipal de planificación. Por eso cuenta su caso ahora. “Quiero sacarme esta espina porque no pude en su momento”, explica.

Las mujeres que acuden ahora al hospital de A Coruña con una gestación superior a las 14 semanas se encuentran con dos opciones para interrumpir el embarazo; y que se incluye en los supuestos contemplados por la ley en vigor (malformaciones fetales incompatibles con la vida o problemas de salud para la madre). Pueden elegir entre someterse al aborto sin apoyo sanitario en el hospital público o acudir a una clínica privada-concertada en Madrid.

La situación se mantiene pese a las denuncias reiteradas de asociaciones feministas y de la Plataforma en defensa del derecho al aborto que sostiene que, el pasado julio, remitió un escrito a la Gerencia y a las directoras médica y de enfermería del centro hospitalario describiendo el incumplimiento de los protocolos internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos —en los que se especifica que la mujer que aborta debe ser atendida en todo momento por profesionales de ginecología, médico o matrona, y que deben tener un aborto asistido en un paritorio y no en la habitación de ingreso—.

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