La infanta Cristina seguirá sentada en el banquillo como imputada en el caso Nóos
La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado que la Infanta Cristina continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco del caso Nóos, desestimando la aplicarle la doctrina Botín.
La hermana del rey seguirá desde el banquillo un larguísimo juicio como imputada. La decisión del tribunal significa que la acción popular que ejerce Manos Limpias podrá por si sola sostener la acusación contra la Infanta Cristina, para la que pide ocho años de prisión por haber cooperado con su marido, Iñaki Urdangarin, en el fraude cometido a través de la sociedad instrumental Aizoon.
El tribunal rechaza también la pretensión expresada por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. Uno y otra consideraban también que Cristina debía beneficiarse de la doctrina Botín porque la Agencia Tributaria entiende que ella no ha cometido ningún delito. Esa jurisprudencia, inaugurada en 2007 para el banquero del Santander, impone el sobreseimiento de la causa cuando así lo reclaman el Ministerio Público y el perjudicado por el posible delito (y Hacienda insiste que sólo ella lo es en este caso), aunque la acción popular sostenga la acusación.
Durante el trámite de cuestiones previas, el fiscal Pedro Horrach defendió que exonerar a la Infanta es “defender la legalidad” y que lo contrario sería “quebrantar la igualdad y discriminar de forma injustificada a dos ciudadanas”, aludiendo así también a Ana Tejeiro, esposa del ex socio de Urdangarin Diego Torres. En una intervención muy recordada, la abogada del Estado Dolores Ripollrazonó que el lema ‘Hacienda somos todos’ debe limitar su virtualidad al “ámbito publicitario”.
Cristina de Borbón era propietaria a medias con su marido de la sociedad instrumental Aizoon, que fue utilizada para desviar los fondos obtenidos ilícitamente por Nóos. Urdangarin, según el notario que les asistió, usó a su esposa de “escudo fiscal” para procurarse impunidad, creyendo que nadie actuaría contra la Familia Real. Aunque el juez pretendió investigarla inicialmente por tráfico de influencias -por haber consentido la utilización de su nombre en Nóos para obtener un “trato privilegiado” de empresas y administraciones-, la Audiencia concluyó que no existían “indicios vehementes” de que hubiera tomado parte con ese destacado papel en la trama.
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