Hace unos quince días, Miguel Rubén esperó a su exnovia Soraya Gutiérrez en casa de ella con una pistola en la mano, y la retuvo secuestrada junto a su hijo de 6 años durante cuatro horas. “A tu madre me la voy a llevar a un viaje muy largo del que no va a volver”, le dijo al pequeño. Soraya tuvo vigilancia policial durante 24 horas, que se le retiró. La policía no vio ningún peligro porque él vivía a 400 kilómetros. A la mujer se le facilitó el número de teléfono de un agente por si lo necesitaba. Este lunes la mató con la misma pistola con que la había secuestrado.
Soraya Gutiérrez, de 37 años, fue asesinada este lunes por Miguel Rubén Moreno Portero, de 41 años, con quien había tenido una corta relación sentimental. El asesino, que tenía una orden de alejamiento, se presentó a primera hora en el bar donde ella trabajaba y, mientras ella preparaba las cosas para abrir el establecimiento, le disparó un tiro en la cabeza. Luego se suicidó.
Ella le había denunciado tres días antes por el secuestro que durante cuatro horas había sufrido en su propia casa, donde vivía con su hijo de 6 años. Soraya logró salir de su domicilio y liberarse de su exnovio gracias a que las jefas del bar en el que trabajaba acudieron en su ayuda, informa
El Periódico de Aragón.
El homicida se libró de ser condenado también por un delito de detención ilegal, por el que el abogado de la víctima, pidió prisión provisional. El arma con la que la amenazó y, que fue la que utilizó para asesinarla, no fue encontrada en el registro que hizo la Policía tras su detención.
Al parecer, la mujer solo quería que, el hombre con el que había mantenido una relación sentimental durante dos meses, desapareciera de su vida, tras romper con él al ver actitudes que no le gustaron, según sus amistades. Miguel Rubén Moreno le prometió que iba a irse a Medina del Campo (Valladolid), de donde era vecino, y que no le iba a molestar más. Y Soraya le creyó.
Durante 24 horas, tras el secuestro, Soraya dispuso de vigilancia policial, que se le retiró porque su exnovio vivía a 400 kilómetros de distancia, según justificó el delegado del Gobierno en Zaragoza, Gustavo Alcalde. “Lo lógico en estos casos es que si ella hubiera detectado que su pareja podía venir, lo hubiera dicho a la Policía”, afirmó Alcalde tras el asesinato. Como medida de defensa, se le facilitó el teléfono de un agente por si necesitaba llamarlo si se sentía en peligro.
