El colegio público Ramón Sáinz de Varanda, en el barrio zaragozano de La Paz, se mantiene como uno de los reductos donde los martillazos de Wert y Serrat, su consejera en Aragón, no han logrado hacerle bajar la cabeza. A modo de aldea gala de Asterix, la comunidad educativa del centro ha logrado parar medidas que ponían en riesgo su futuro.
Padres y madres, profesorado y dirección siguen oponiéndose a los golpes que vienen desde la consejería o el ministerio. Esta vez, ha sido el Ampa la que ha elaborado un manifiesto contra las retrógradas reválidas de Wert que se inician esta semana. Este es el texto.
"No nos parece justo que se evalúen las trayectorias educativas de nuestros hijos e hijas, no como un
proceso, sino mediante varias pruebas de 80 minutos, que además de ser inadecuadas en tiempo y forma para esta edad no tienen en cuenta otros criterios importantes en la educación Primaria ni los
criterios subjetivos que puede aportar el equipo docente.
No creemos en un modelo educativo competitivo que disgrega a los niños y niñas en función de la nota obtenida en un examen, haciendo públicos sus resultados netos conjuntos y pudiendo tener consecuencias para su futura trayectoria escolar individual.
Consideramos que este modelo solamente valora algunas de las competencias que tienen que adquirir nuestros hijos e hijas en su formación, fragmentando la educación global y relegando a un segundo plano otro tipo de aprendizajes humanistas o artísticos.
No nos parece justo un modelo educativo que premia la supuesta excelencia de los centros y establece una clasificación en función de los resultados netos obtenidos en una prueba, a pesar de contextualizarlos en el entorno socioeconómico, porque promueve la competitividad por encima de
procesos de integración, de inclusión, de normalización, de promoción, de compensación de situaciones de desventaja, de solidaridad, de apoyo mutuo y de creación de comunidad.
Que para asignar a nuestros hijos e hijas, así como al propio colegio un factor socioeconómico que contextualice los resultados de la evaluación se han utilizado unas encuestas que en ningún caso garantizan el anonimato, violando nuestro derecho a la intimidad familiar e incumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos.
No nos parece justo un modelo educativo que organiza a los docentes en función de la realización de dos exámenes en 3º y 6º de primaria, en lugar de permitir que los centros se organicen basándose en las necesidades específicas de cada uno, que en el caso de los colegios públicos como en nuestro
son muchas y diversas.
No existen unos criterios de evaluación para las competencias adquiridas en un centro bilingüe de
currículum integrado como el nuestro, puesto que los conocimientos adquiridos difieren en cuanto a idioma de los estándares de aprendizaje publicados por la administración para el desarrollo de las pruebas de evaluación.
Consideramos una falta de respeto al trabajo docente la realización de una prueba que no cuenta con la aportación de los y las maestras de la escuela pública. En el caso de ser un objetivo la evaluación del desempeño docente, consideramos que no debe realizarse utilizando a nuestros hijos e hijas, debiendo encontrar la administración otros mecanismos para auditar el trabajo de los profesionales de la educación, y más todavía cuando los equipos docentes en los centros en este curso han de dedicar la mayor parte de su tiempo a evaluar estándares de aprendizaje y a rellenar datos de evaluación en tablas, en lugar de dedicarse a enseñar y a educar a sus alumnas y alumnos.
Creemos injusto además medir los resultados en términos cuantitativos inmediatamente después de la disminución de recursos que se ha venido ejerciendo durante los últimos años por parte de la administración, siendo especialmente perjudicada la escuela pública.
Finalmente, consideramos que una Ley de Educación debe reflejar la condición plural de la sociedad,
contar con el consenso político, y respetar los derechos de igualdad de oportunidades, y la LOMCE no cuenta con ninguna de estas tres condiciones necesarias. La educación pública es un derecho
reconocido por la Constitución, creemos que la educación pública es una inversión que marcará que la sociedad del futuro sea más o menos solidaria, más o menos integradora, más o menos igualitaria y
más o menos justa. La eliminación de recursos de compensación en los colegios públicos como el nuestro, en los que existe un alto porcentaje de diversidad cultural y necesidades especiales, suponen el impulso y la promoción de un modelo social con fuertes desigualdades sociales".
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Padres y madres se concentrarán a la hora de entrada ante las puertas del colegio el martes, miércoles y jueves.
La instrucción de 24 de abril de la Consejería de Educación sobre estas pruebas señala que "en el caso de que un alumno no realice las pruebas recibirá la calificación de Insuficiente (IN), salvo que presente justificante médico o aporte justificante que acredite un supuesto de fuerza mayor -hecho imprevisible que no puede evitarse-, por lo que en este caso recibiría la calificación de No presentado (NP)"
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