Jorge Luis, segundo por la izquierda, en el acto contra el recrecimiento de Yesa este sábado en Sangüesa (foto, Miguel Solana)
Está imputado junto a siete personas más por una concentración pacífica contra el recrecimiento del pantano de Yesa en 2012, un acto en defensa de sus tierras por el que les piden un total de 36 años de cárcel y 22.000 euros en multas. Jorge Luis Bail es miembro de Equo y diputado electo por Huesca en la candidatura Alto Aragón En Común.
Bajo el lema ‘Paralización. En defensa de nuestro futuro’, cientos de personas han recorrido este sábado las calles de Sangüesa, Navarra, en contra del recrecimiento del pantano de Yesa y para reclamar alternativas sostenibles a los regadíos. En esta
entrevista, Luis Bail habla del medio rural y de la gestión del agua. Este es un extracto de sus declaraciones, en las que afirma su intención de parar Yesa y Biscarrués desde el Congreso.
¿Vas a cambiar con tu paso de la política en la calle y municipalista a ser político en el Congreso? Yo creo que no, seguimos siendo las mismas personas, seguiremos haciendo activismo político, pero esta vez desde el Congreso. Ahora toca hacerlo en otra parte, pero no dejaremos de hacerlo en las calles y no vamos a dejar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora, es una continuidad, es coger otros medios para canalizar las propuestas y va a ser bastante natural, va a ser un cambio fluido.
¿Cómo ha funcionado la confluencia en Podemos- Ahora Alto Aragón en Común? Empecé a militar en el partido de Los Verdes y a partir de allí empezamos con experiencias de confluencia, con los partidos verdes de España en Equo y en el ámbito municipalista en Huesca con Cambiar Huesca, y después pensamos en lo general y confluímos en Ahora en Común, que a su a vez, en el resto de las provincias, pasó a ser Unidad Popular, pero aquí confluyó con Podemos. Hubo algunas estructuras como Izquierda Unida y Chunta que plantearon otras propuestas, pero había muchos militantes que se mantuvieron en Ahora en Común y de ahí se formó Ahora Alto Aragón en Común. Creo que ha resultado una buena experiencia colectiva.
¿Por qué no se produjo una mayor confluencia? Partimos en campaña y mantenemos la idea de no meter cizaña, porque creemos que la confluencia es un proceso en el que hay que seguir avanzando. Aunque no hemos llegado a la confluencia total como en Catalunya, en País Valenciano o Galicia, creemos que quizás se pueda realizar en próximas elecciones.
¿Cuáles son las principales propuestas que llevaréis al Congreso? La principal, con la que hemos dado mucha caña en campaña, es el desarrollo sostenible en el mundo rural. Hay una ley de 2007 que impulsó Zapatero y que no dotó económicamente y, entonces, a partir de esta ley, se formaron planes comarcales de desarrollo rural en los que tenían participación todos los agentes. Lo que ha ocurrido es que no hubo presupuesto en esa legislatura y en la legislatura de Rajoy no pidieron ni sacarla del cajón. Llevamos cinco o seis años sin haber dotado de presupuesto a esa ley.
Otras de las líneas que llevamos es el desarrollo del medio rural a través de puestos de trabajo verde, a través de un Plan Nacional de Transición Energética que se base en pymes y autónomos, no tipo Abengoa, no con grandes empresas renovables, sino tipo pequeños autónomos dedicados a la rehabilitación de edificios, espacios naturales. Sería sostenible, no sólo ecológicamente, sino que también reduciríamos la dependencia energética y utilizaríamos el tejido productivo que tenemos ahora, que son sobre un 98% de pymes y autónomos para que fueran ellos los actores de ese cambio.
¿Qué opinas de la gestión del medio rural durante esta última legislatura? Se ha planteado un sistema economicista, neoliberal, en el que aquello que no era eficiente a corto plazo no era necesario. Como la educación, la producción se ha concentrado en grandes ciudades, también en servicios sociales y sanidad y, por lo tanto, ha habido una desigualdad. Esta desigualdad en la provincia de Huesca se traduce en despoblación. Es una tendencia que ha ocurrido en todos los sectores y esto hay que revertirlo. Hay que entender que no todo tiene un retorno económico inmediato, tenemos que pasar de la economía especulativa y financiera a la producción real, es decir, pensar en la viabilidad y en el retorno social, en la sostenibilidad ecológica, económica y social de las propuestas.
La reapertura del túnel del Canfranc. En 2016 entran los megacamiones en funcionamiento, que no deberían estar permitidos en la zona central del Pirineo por la sensibilidad del ecosistema. Lo que queremos es quitar mercancías de las carreteras para pasarlas al tren. El tren es una de las prioridades, tanto el Corredor cantábrico mediterráneo como en el Canfranc de sur a norte y las vías que nos conectan con las dos laterales del Pirineo. Además de mercancías, planteamos que esas líneas, al ser de baja velocidad, sean una estructura para fomentar la movilidad de las personas y fomenten las poblaciones rurales del Pirineo.
¿Os ha beneficiado el discurso de potenciar los núcleos rurales para que la gente se pueda quedar en sus pueblos? Sí, de hecho, hemos sido la primera fuerza política en Canfranc y creo que lo ven así. No hay que lastrar la propuesta del Canfranc, que es viable y de puesta en marcha inmediata, con la Travesía Central del Pirineo (TCP), porque este Gobierno, tanto el de Aragón como el de España, parece que cada vez que hablan de la conexión con Francia junta esas dos propuestas y Europa dice no.
¿Por qué? Porque la TCP es una de esas grandes ideas que tiene el Gobierno que siempre acaban mal, se habla de ponerla en marcha en 2030-2050. Las hipótesis que se barajan para ratificar su viabilidad son hipótesis precrisis en las que la producción de Portugal y toda la península tendrían que atravesar todo el Pirineo central, lo cual no es realista. Hablan también de mercancías a gran velocidad y no entramos ni en estaciones intermedias, ni en el desarrollo de esas mercancías. No están pensando en generar actividad económica para la gente, están pasando las mercancías por un túnel que no revierte nada en las personas que viven por allí.
¿Por qué crees que no se ha demandado durante estos año el Canfranc, a pesar del apoyo ciudadano que ha tenido, e incluso de partidos políticos? La capacidad del Gobierno central en inversión es como la del Fondo Monetario Internacional: sabe poner un millón de dólares en un sitio, pero no sabe poner un dólar en un millón de lugares. Lo que ha venido fomentando es la creación de grandes polos logísticos y productivos, en lugar de vertebrar un desarrollo sostenible, desde lo local, el verdadero desarrollo. El desarrollo rural va a ser el que tire de cualquier población. Lo que hacemos es pensar desde lo pequeño para poder hacer las cosas grandes.
¿Respecto a la política del agua, que propuestas tenéis? Llevamos una nueva Ley del Agua que respeta la Directiva Marco del Agua de la UE, que tendrá que aplicarse con las infraestructuras en que no se han tenido en cuenta, las de los Pactos del Agua, con una serie de embalses que no cumplen, como Yesa o Biscarrués.
Estás imputado por la concentración que se celebró en 2012 para parar las expropiaciones de Artieda, llevadas a cabo para ejecutar el recrecimiento de Yesa ¿qué pasó ese día? Había una serie de mensajes confusos por parte de las instituciones. Xavier de Pedro apuntó que el recrecimiento iba a sujetar las laderas, una barbaridad, y que necesitaban expropiar 60 hectáreas para un camino de seis. Con esa idea de que realmente esa gente no sabe lo que está haciendo, te concentras ese día y pides que se den cuenta de que hay una contestación social y de que lo que están diciendo no es lógico. La respuesta de la administración fue mandar a la Guardia Civil a disolver una concentración, en todo momento pacífica. A los pocos días llegaron ocho imputaciones de 36 años de cárcel y 22.000 euros.
¿Crees que vas a sufrir mucha presión al estar en imputado en el Congreso? Creo que van a hacer poca presión porque saben lo injustificable y desproporcionada que fue aquella carga. El que va a presionar contra la Ley Mordaza y la represión de la protesta ciudadana soy yo.
¿De qué manera? Además de revertiendo el recorte de derechos civiles y garantizando la independencia de la Justicia, parando Yesa. Porque tanto Yesa como Biscarrués son proyectos declarados de interés público general con presupuestos del Estado y es allí donde hay que pararlos, tal y como llevamos en el programa.
Al ser diputado, también eres aforado. ¿Cómo te va a afectar tu nueva situación de cara al juicio? Eso es algo que queremos hablar los ocho, nos juntaremos a principios de enero. En el programa llevamos quitarnos el aforamiento, no sabemos si técnicamente vamos a poder quitárnoslo individualmente. Una cosa es que en el pleno del Congreso se apoye que no haya aforamiento para casos de corrupción y otra cosa es que un diputado, por sí mismo, pueda renunciar al aforamiento, lo estamos consultando.
¿Tú quieres hacerlo? Sí, dependerá del resto de los ocho, porque jurídicamente podría ser conveniente. Yo me paso al Supremo, pero ellos se quedan en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y tener la causa abierta en dos tribunales podría ser contraproducente a la hora de los recursos. Si a mí me condenan en el Supremo, no queda otra oportunidad. No sabemos todavía la fecha del juicio, se intuye que hasta enero o marzo no se sabrá.
¿Qué retos tiene Aragón en políticas medioambientales? En Aragón podríamos crear 9.000 puestos de trabajos verdes al año, tendríamos que impulsar la I+D, la fabricación de equipos y las empresas que tienen que dar ese servicio con un modelo distribuido. Es un impulso un tanto keynesiano de la estructura, un tipo de rescate energético. Pero no es como lo que hizo Zapatero, no son una serie de primas a la producción que acaban yendo a grandes productoras y concentrando la producción, se trata de usar las renovables como herramienta redistributiva. También necesitamos una industria de transformación de producto primario y ciclos cortos de producción y consumo, que nos lleven hacia la soberanía alimentaria. Un camino muy sencillo que podría llevarse a cabo modificando la legislación de la gran empresa. En España las leyes se hacen de acuerdo con las grandes empresas y siempre dejan de lado a los pequeños productores, y éstos son fundamentales para hacer sostenible todo el modelo.
