El mismo día que se anunció la abdicación del Rey Juan Carlos en favor de su hijo, Felipe VI, el dos de junio de 2014, Rosa Pérez colgó una bandera republicana en la ventana de su despacho en la Diputación de Valencia. El gesto de la diputada provincial más crítica con su gestión en la institución provincial le sirvió a Alfonso Rus de excusa perfecta para intentar amedrentarla de nuevo por su labor de oposición. Le envió requerimientos notariales para que retirarse la enseña y la llevó a la Fiscalía, tratando de incriminarla penalmente, algo que no logró.
“Desde el primer minuto de la legislatura me di cuenta de que la Diputación de Valencia era muy opaca. Todo el mundo tenía los ojos puestos en la Generalitat y el Ayuntamiento, pero aquí todo pasaba más inadvertido”, señala Pérez. “Yo no entraba a la connivencia que había aquí. Todo lo ponía en duda. Me convertí en una apestada porque no entré en el redil y tuve muchas broncas en los plenos con Rus.
Hasta que decidió llevar al juzgado un 30 de julio de 2014 todo el material que había recopilado, muchos de los contratos que ahora están en duda y sobre los que recaen las sospechas de amaño fueron escudriñados por esta abogada penalista y laboralista de Esquerra Unida. “Muchas de las cosas que aparecen en la demanda las he denunciado políticamente. Hay modificados de obra que se hacían con los informes en contra de los oficiales técnicos. Son modificados con mucho coste para la Diputación”, explica.
Ciertamente, el resto del grupos, especialmente el socialista que dirigía José Manuel Orengo en la segunda legislatura de Rus, fue poco beligerante. Pactaban con los populares el reparto de recursos a los ayuntamientos y hacían la vista gorda cuando las cosas no encajaban. Esto genera ahora inquietud en las filas del PSPV, cuyos dirigentes temen que puedan aparecer cargos suyos implicados en la trama destapada por la Operación Taula.
El relato de Pérez es el de alguien que ha visto decisiones de gestión incomprensibles. Cuando Rus aprobó su plan de sustitución de luminarias convencionales por lámparas leds aparecieron informes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación que advertían de la inviabilidad de la iniciativa. “Montaron una central de compras. Llamaban a los ayuntamientos para decir a quién se tenía que comprar. La empresa que más facturó fue Inelcom, precisamente de Xàtiva, una operación que supuso 30 millones de euros.
En 2014, la ‘diputada roja’ recibió el premio gordo a su labor de denuncia: A sus manos llegaron 10 horas de grabaciones efectuadas durante años por el entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent, en las que se narraban encuentros fraudulentos, mordidas y un sinfín de indicios de la existencia de una red de comisionistas que alcanzaba a todas las administraciones valencianas.
“Fue la última pieza del puzle. En cierto modo me generó una gran satisfacción porque soy abogada y tengo la mente criminal. Cuando estás llevando un caso y encuentras una prueba definitiva te sientes muy recompensada. Entonces fue cuando presentamos la denuncia, el último día de julio, 2014”. Fue el inicio de una investigación judicial y policial que desembocó el martes en la Operación Taula.
